(Pues no lo imaginen, porque es una realidad)
Todos sabemos de los derroteros que ha implementado la banca en los últimos tiempos: han cerrado las oficinas que no les salen rentables y han limitado a extremos inauditos los servicios de atención personal a sus clientes.
Precisamente por esto han cerrado muchísimas sucursales en los pueblos (uno de ellos, Mandayona).
Y como solución a las sucursales cerradas, los bancos han decidido montar unas oficinas con ruedas: el ofibús. Pues bien, ese ofibús va en ruta con la misión de evitar la exclusión financiera de los municipios rurales. Unas horas en cada pueblo.
Ante esta tesitura de desamparo rural, la Diputación ha decidido pagar a los bancos para que instalen cajeros automáticos en muchos de los pueblos que perdieron su sucursal [1]. También para que pongan un cajero en otros pueblos que por su volumen de población lo necesitan.
En total serán más de 4 Millones de Euros. 4 Millones públicos para 33 cajeros. Dinero para los bancos. Para que los instalen y los mantengan durante 4 años. El alquiler del local que lo pague Rita.
La intención es buena, pero…
¿Debe pagar un organismo público a una empresa privada para que ofrezca sus servicios?
¿Deben considerarse los servicios bancarios un derecho mínimo vital?
Es muy complicado todo esto, la verdad.
Y luego esta es otra, ¿si hay cajero ya no vendrá el ofibús? ¿Y la atención personalizada?
Díganle a mi tía Pascuala que a sus años va a tener que pelear con un cajero automático para cobrar su pensión, actualizar la libreta y pagar su recibo de la luz.
Son malos tiempos para ser mayor (y más en los pueblos).
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